La represión, una constante en la lucha

De la “operación Pandora” a la ley Mordaza y el recrudecimiento del Código Penal

Por Sandra C. y Blanca Brea

El 16 de diciembre de 2014, un gran dispositivo policial irrumpe en el Poble sec asaltando el Ateneu anarquista y un domicilio particular. Se trata de la Operación Pandora, ordenada por la Audiencia Nacional e instigada por los Mossos d’Esquadra. Más de una decena de domicilios y centros sociales son registrados en Barcelona durante la madrugada, llevándose a cabo 11 detenciones. Bajo secreto de sumario y mediante la aplicación de la Ley Antiterrorista, son trasladadas a Madrid para comparecer ante la Audiencia Nacional.

En el registro se incautan objetos como libros, fanzines y otro material ‘propagandístico’; gasolina y una bombona de camping gas. Pruebas poco contundentes, pero en base a las cuales se dictamina prisión provisional para siete de las detenidas. Mes y medio después, el 30 de enero, son puestas en libertad con cargos y bajo fianza.

El comunicado policial(1), publicado una vez abierto el secreto de sumario, da por desarticulada la organización en Catalunya, “principal bastió d’aquesta organització criminal amb finalitats terroristes”. Se refieren a los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), que supuestamente pertenecen a un tipo de confederación internacional, a la que se le atribuyen varios atentados o sabotajes contra objetos. Del texto llaman la atención, entre otras cosas, las nomenclaturas “de manual” utilizadas, como “insurreccionalista” o “anarconihilista”, de lo que se desprende el propósito o despropósito de crear un perfil, más que delictivo, susceptible de delinquir: el antisistema. Perfil por otro lado ya sumamente explotado por los mass media, que no dudan en reproducir fielmente el comunicado.

Según el grupo de apoyo de las encausadas, se trata de un caso claro de persecución ideológica. “La represión es una constante en cualquier lucha”, manifiestan. “El Estado trata de sembrar el miedo y el aislamiento”. Pero la caja de Pandora(2) se ha abierto y en vez de desatar los males, ha despertado una serie infinita de demostraciones de apoyo y acciones solidarias por todo el Estado español y más allá de la frontera: manifestaciones y kafetas en Alemania, Francia, Finlandia, Inglaterra, Chile, Uruguay, etc.

Manifestación de apoyo a las encausadas, Barcelona. Pedro Mata, Fotomovimiento.

Manifestación de apoyo a las encausadas, Barcelona. Pedro Mata, Fotomovimiento.

Criminalización de la protesta

Casos recientes como los de Can Vies en el barrio de Sants, en el que varias jóvenes han sido sentenciadas a condenas de prisión -una de ellas a casi cuatro años por lanzar una lata vacía a la línea policial-, evidencian un giro político en la gestión de la protesta en la calle. La intensificación de las actuaciones policiales y, sobre todo, el aumento de detenciones y privaciones de libertad preventivas se produjo especialmente a partir de la huelga general del 29 de marzo del 2012. Desde entonces, tanto la fiscalía como el ayuntamiento y la Generalitat, se presentan sistemáticamente como parte acusatoria, demandando penas máximas para algunas acciones que en otro contexto serían consideradas como faltas (y por ello, exentas de pena de cárcel). Este intento de deslegitimar la protesta, en plena época de fuerte precarización de las clases populares, se materializa ahora tanto en la Ley de Seguridad Ciudadana como en última reforma del Código Penal propuesta por el gobierno del PP. Ley y reforma que se combinan en pro de un objetivo común: criminalizar la pobreza y poner límites a las posibles consecuencias del malestar social. Mientras los delitos al fisco apenas son modificados, robar alimentos por debajo de los 400 € se convertirá en un delito que podrá llevar a la cárcel. La vía administrativa se ocupará de las altas multas impuestas por manifestaciones o concentraciones no comunicadas, por acciones popularizadas por la PaH como los escraches, provocando así la indefensión de las personas multadas que no podrán siquiera mostrar su versión ante un juez. La palabra de los agentes será la principal fuente para la imposición de esas multas, que podrán llegar a ser astronómicas. Palabra que, pese a no estar sujeta de forma legal a un “principio de veracidad”, casi nunca es cuestionada por jueces, incluso cuando abundan las contradicciones. Así lo argumentaba el Fiscal en uno de los juicios por Can Vies: “si empezamos a dudar del testimonio de la policía, nuestro sistema se quedará huérfano de pruebas”.

Como explica una de las abogadas de la Plataforma contra la repressió Rereguarda en Moviment, además de la introducción encubierta de la cadena perpetua, quedará por ver qué sucede con el concepto de “terrorismo”. Este término, ya de por sí difícil de definir y más jurídicamente, se dejará mucho más abierto a la interpretación de los jueces. Ya no será necesario estar vinculado a un grupo con una finalidad común, sino que se podrá considerar “terrorista” aquel que actúe solo y sin llegar a causar “terror” o “pánico” con sus acciones.

(1)Este comunicado puede consultarse en la web de los Mossos d’Esquadra http://mossos.gencat.cat/ca/nota-premsa/?id=278864
(2) Pandora al igual que Eva, compartida misoginia mitológica, fue la primera mujer, hecha por orden de Zeus, para introducir los males en la vida de los hombres. En cuanto al nombre de la operación, se asemeja a varias operaciones que se han sucedido en Italia: la Operación Thor, cuyo nombre aludía a una presunta serie de ataques con martillos a cajeros automáticos y otras oficinas, la Operación Ixodidae, que hace referencia al nombre técnico de la familia de las garrapatas, la manera en como llamaban los fascistas a los comunistas y anarquistas, etc.

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