La salud, un privilegio de todxs

Casos como el de Alpha Pam, un joven de origen senégales con tuberculosis, muerto en Canarias debido a la falta de atención médica

A partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012, que supone la exclusión de determinados colectivos del Sistema Nacional de Salud (SNS), y que vulnera el modelo de reconocimiento del derecho de acceso universal a la salud que hasta entonces garantizaba la Ley de Salud Pública, un número creciente de profesionales y usuarios del SNS han organizado una campaña de desobediencia civil a través de la cual buscan visibilizar y denunciar la situación actual, además de articular líneas de acción que permitan hacer frente a una realidad que se presenta por demáscompleja y que apunta a una completa privatización del sistema de salud.

Casos como el de Alpha Pam, un joven de origen senégales con tuberculosis, muerto en Canarias debido a la falta de atención médica, o el de María Soledad Torrico, muerta en Valencia en febrero de este año, muestran a las claras las consecuencias nefastas de este nuevo modelo de salud. Estos dos casos, no sólo ponen en evidencia las consecuencias más inmediatas de la aplicación de este sistema, sino que también llaman la atención acerca de los costos que puede llegar a tener en el mediano y largo plazo para la población en general el hecho de que algunas enfermedades no sean contenidas a tiempo y puedan derivar en epidemias.

Si bien el desconcierto en su aplicación es absoluto, en lo que concierne a profesionales médicos y administrativos, esto hace que muchas veces sean ellos mismos los encargados de tomar decisiones que al fin y al cabo pueden definir, ni más ni menos que una vida. En esta línea se encuentran trabajando colectivos como Yo Sí Sanidad Universal, en Madrid, o la recién creada Sanitatxtothom de Catalunya, donde se intenta dar una respuesta urgente, solidaria y colectiva a personas que han sido excluídas de este derecho. Un derecho que día a día deja a más personas incapaces de dar respuesta a sus acuciantes problemas de salud y que no sólo implica a quienes tienen “problemas de papeles” por su origen nacional. Baste recordar los numerosos casos mediáticos que muestran cada día pensionistas o desempleados que no pueden pagar alguno de los medicamentos que les han sido recetados, infinidad de personas que engrosan largas listas de espera para tratamientos u operaciones, y un largo etcetera que no deja de ampliarse. Aunque el Real Decreto-Ley excluye inicialmente una serie de colectivos, se espera que los criterios que lo regulan y que definen categorías como “beneficiario” y “asegurado” se modifiquen a lo largo del tiempo e incluyan a personas con ciudadanía española que aún no han conseguido su primer empleo, divorciadxs que no están a cargo del excónyuge, parejas de hecho separadas y no formalizadas, población nómada, discapacitadxs en grado inferior al 65%, universitarixs con becas no sujetas a cotización pero sí al IRPF y profesionales liberales, por citar algunos ejemplos.

Indudablemente, se trata de un modelo de salud que apunta a una situación semejante a la que se vive en Estados Unidos, donde la salud es un derecho privado sólo garantizado para aquellos que disponen de unos ingresos que les permiten asumir sus costos.