Precariedad laboral

La inestabilidad empuja hacia otras formas de organización

Por Blanca Brea e Itxaso Muñoz

“Jornada partida si eres de Barcelona, si no rotativa de mañana o de tarde-noche. 39 horas y un día libre por semana. Contrato de formación de un año. Ganas unos 800 euros, que para lo que hay hoy por ahí, está bien”. Así relata un trabajador las condiciones laborales de un supermercado Dia del Poble Sec.

La descripción contiene criterios que podrían definir el trabajo que realiza como “precario”: temporalidad, turnicidad y un salario insuficiente. Son algunas de las características desalentadoras que imperan en las ofertas de empleo y que configuran el nuevo mapa del mercado laboral, concentrado en el sector servicios. En el plano psicosocial prevalece la incertidumbre sobre el futuro, la amenaza constante de la pérdida del empleo, la falta de expectativa profesional. Se ha roto la promesa del progreso individual basada en la educación y en el esfuerzo a través del propio trabajo.

“Se ha trasladado el peso de la crisis a las rentas del trabajo”

Si bien en un mercado global regulado por la ley de la oferta y la demanda, la degradación de las relaciones laborales viene de antes, las políticas neoliberales y las reformas de los últimos tiempos la consagran. “Se ha trasladado el peso de la crisis a las rentas del trabajo. Por un lado, se han disminuido los salarios y las condiciones laborales, buena parte de la contrarreforma laboral tiene ese objetivo, y a la vez también se facilita el despido, que es la otra fórmula a través de la cual las empresas consiguen reducir costes del trabajo”, apunta Vidal Aragonés, abogado laboralista y profesor de Derecho del Trabajo en la UAB.

Las consecuencias se materializan en la pérdida de derechos para la clase trabajadora, que se ve abocada a un marco de desempleo, inseguridad e inestabilidad permanente. Los contratos ya no garantizan un puesto de trabajo, ni bienestar, ni siquiera los indefinidos.

Ajenos a esta realidad, los informes oficiales y titulares recientes presentan una evolución positiva y hablan de recuperación, de creación de empleo. Según el Ayuntamiento, de los 363.825 contratos que se firmaron en Barcelona entre enero y mayo de 2015, el 85,8% fueron de carácter temporal -para las mujeres el 86,7%-, y el 40% tuvieron una duración prevista de menos de un mes -este porcentaje casi se duplica en el tramo de la población menor de 30 años-. Datos como este alarman sobre la calidad del empleo que se “está creando”.

Género, determinante

La precariedad no avanza indiscriminadamente sino en función de factores como el sexo, la nacionalidad y el sector productivo. Siendo cada vez más las mujeres -también las migrantes, las personas transgénero y otras- las principales destinatarias de las ocupaciones temporales, parciales, flexibles, irregulares y de menor prestigio social. A ellas les toca menos salario, menos cotización y pensión, lo que supone una gran desventaja social.

La mujer sufre también la explotación de género. Su trabajo doméstico, reproductivo o de cuidados se naturaliza a través del rol asignado de cuidadora y no se reconoce como tal. Se invisibiliza y se enmascara bajo una jornada laboral limitada. Ahora recaen sobre ella funciones que se estaban desarrollando desde la administración y se han eliminado con los recortes sociales. “Lo que hay es un ejercicio de querer hacer volver a la mujer al hogar”, afirma Vidal. “Que las contrarreformas laborales dificulten la conciliación familiar y laboral por un lado, y por otro, la actuación clara de que los servicios sociosanitarios se estén privatizando, al final lo que supone es un incremento hacia la explotación de la mujer”.

Desregulación y fraude

La contratación se asienta en la devaluación de los recursos humanos y la externalización de las relaciones laborales, y aunque la nueva legislación avala este marco, resulta difícil deslindarlo del fraude. En este sentido, es habitual el caso de las grandes empresas que solicitan un ERE en base a las facilidades legales para despedir a la plantilla, con convenio colectivo con buenas condiciones, y contratar en su lugar trabajadoras sin derechos formales: falsas becarias, falsas autónomas, cesión ilegal o falsas obra y servicio. “Quizás sea el de Telefónica-Movistar el gran paradigma; en el conjunto de la sociedad pasa algo similar, es decir, sustitución progresiva desde un punto de vista generacional de condiciones estables, por condiciones muy precarias”, manifiesta Vidal.

Aproximándose al 50%, se impone la realidad de las trabajadoras que se encuentran en situación de temporalidad y sin convenio colectivo, o sin relación laboral reconocida con la empresa para la que trabajan realmente. Es el caso de R.C.: “Yo a nivel de trabajador siempre me he acreditado como técnico de Movistar, he llevado mi uniforme, guardado unas normas de conducta… Y duele que cuando vas a hacer una reclamación laboral te digan: si tú no trabajas para mí”.

Movistar, huelga insólita

El 7 de abril explota la huelga indefinida de las técnicas de Movistar, venciendo la atomización de un sector en manos de contratas y subcontratas, que parecía infranqueable para organizarse. “Esto hace 15 años que está pasando. El sector y el famoso contrato de bucle ha ido degradándose poco a poco hasta la última renovación. Teníamos que hacer 21 instalaciones diarias para que salieran los números” señala R.C., refiriéndose a la cadena de intermediarios de hasta tres niveles que subyuga al último eslabón.

“Se puede acabar con esta huelga pero volverá, seguro”

También en abril, se sumaron a la huelga indefinida contra la subcontratación las acomodadoras del Auditorio, y luego las del Liceu. “No se comprende, el país crece y los empleos son pobres. Estás trabajando y no llegas a fin de mes. Los sueldos cada vez bajan más y más, pero los beneficios aumentan, ¿cómo se come esto? Vas tensando, pero la cuerda un buen día se rompe. Se puede acabar con esta huelga pero volverá, seguro”, dice R.C.

A pesar del silencio informativo de los medios convencionales -Telefónica realizó una fuerte inversión en publicidad durante la huelga-, la VagaMovistar rápidamente despertó un gran apoyo social. La revolución de las escaleras, llamada así en honor a su herramienta de trabajo y en referencia histórica a una batalla de los espartanos en la que fue clave, consiguió movilizar a mucha gente diversa, entre la que se encontraban sus compañeras de plantilla directa. La solidaridad económica activó la caja de resistencia y una línea de crédito de Coop57. Su huelga continuada a lo largo de 74 días, y la trascendencia de sus acciones como la ocupación del Mobile World Center, construidas en asambleas participativas al margen de los sindicatos mayoritarios, lograron sentar a Telefónica para negociar.

Trasladar la acción sindical

Las nuevas realidades que tienen como centro la inestabilidad rebasan los preceptos del sindicalismo clásico y los sindicatos mayoritarios. Frente a ello, se abren otros caminos de lucha basados en la acción directa y el apoyo colectivo. “Si no hay posibilidad de construir un sindicalismo alternativo desde la estabilidad laboral, se debe construir en otros espacios, como los ateneos, las cooperativas, las asambleas de barrio. Un sindicalismo combativo que crezca en los barrios”, concluye Vidal.

Población migrante, más vulnerable

“Se abusa de su situación. No hay más que ver ciertas ofertas”

“La precariedad que conocemos no es la misma que la que conocen las personas migrantes. Están mucho más desprotegidas. Casos de jornadas de 12 horas al día, 7 días a la semana, 400 euros, con la promesa de un contrato que no llega”, explica Teia. “Se abusa de su situación. No hay más que ver ciertas ofertas publicadas en Loquo. Algunos piden una mujer para el servicio doméstico, y cuando ellas llaman, les dicen que el servicio incluye relaciones sexuales”.

Teia es técnica del Pla d’Acollida de Poble sec per a Tothom, que tiene como objetivo favorecer la inclusión social en un barrio que presenta un número bastante alto de población migrada. “Su barrera principal son los papeles. Para pedir o renovar el permiso de residencia y trabajo necesitan un contrato, y para conseguirlo, necesitan el permiso. Esta imposibilidad les sitúa en una posición muy complicada con las órdenes de expulsión, existen empresas pantalla que se aprovechan y los envuelven en una compra de contratos”. Explica cómo personas que llevaban años trabajando aquí, al perder su empleo por la crisis se vuelven a quedar en situación irregular y tienen que volver a empezar de cero.

Teia Goñi y Marc Pairó, abogado que cubre el Servicio jurídico del Pla d’Acollida (Casal Concòrdia)

Entre los servicios que promueve el Pla d’Acollida, está la asesoría laboral-jurídica a cargo de la cooperativa Iacta, especializada en derechos sociales. Realizan una labor de acompañamiento en los procesos de regularización, inserción y formación de la población migrante. “Hacemos talleres para que la gente salga formada, damos herramientas en materia laboral para el empoderamiento y el conocimiento de sus derechos, a pesar de no tener la condición administrativa regular”, explica Ana Muñoz, abogada de Iacta.